Existe una asimetría crítica en la política penitenciaria: mientras el debate público e interinstitucional prioriza la garantía de derechos de la PPL, invisibiliza la vulneración de los derechos humanos y laborales del cuerpo de custodia y personal administrativo. Resulta contradictorio pretender que los funcionarios actúen como garantes de derechos en un entorno que vulnera de manera constante su propia integridad, salud mental y seguridad.